VISOR BOLIVIA / Redacción central.- La activista, candidata y bombero
voluntaria Kelly Tejeda ha reiterado las denuncias sobre el
encubrimiento que todavía hace el régimen del proceso de cambio a los
casos terrorismo y Hanalí Huaycho, a efectivos policiales que estuvieron
implicados en ambos hechos.
Tejeda, entrevistada por John Arandia en AM de Fides, remarcó que su
caso se encuentra en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, luego que, desde esferas gubernamentales, trataron de
involucrarla en el asesinato de la periodista Hanalí Huaycho en 2013 con
amenazas de muerte de por medio.
La activista cobró notoriedad el domingo cuando increpó al ministro de
Economía, Luis Arce, pidiéndole que el Gobierno central declare desastre
natural nacional para atender el incendio de la Chiquitanía, que hasta
la fecha ha consumido más de 2 millones de hectáreas.
Sin embargo, la arremetida mediática en su contra, para tratar de
descalificarla, la señaló como “candidata a senadora del Movimiento
Nacionalista Revolucionario” y, sobre todo, como una persona con
denuncias de amenazas contra Huaycho, poco antes que aquella fuera
victimada por su propia pareja, el entonces teniente de policía Jorge
Clavijo.
Tejeda lamentó que se trate de volver a dañar su imagen, en época
electoral, incluso con acusaciones “a boca suelta” de dirigentes del MAS
como Gustavo Torrico. Es una bajeza, dijo que se haga rédito político
con la tragedia de la Chiquitanía donde, además, falleció el voluntario
Pablo Suárez que era parte del grupo de la joven, Ajayu.
CASO HANALÍ HUAYCHO
Para Tejeda todo el calvario jurídico comenzó, cuando recibió un sobre
con el rótulo “Sabemos lo que te hicieron en 2013” y dentro el cruce de
llamadas de Clavijo con varias personas, sobresaliendo la sargento
segundo Edith Fajardo Malale, quien sería la pareja sentimental del
teniente aquel año y que provocó el “conflicto de celos” que derivó en
el asesinato de Hanalí Huaycho.
La Fiscalía y el abogado Eduardo León trataron de inculpar a Tejeda
como “la amante de Clavijo” que provocó la fatal pelea entre Clavijo y
Huaycho que derivó en las 13 puñaladas que asestó el sujeto a la
periodista de PAT, a la vista de su pequeño hijo de cinco años, el 11 de
febrero de 2013.
El 15 de febrero el coronel José Fanor Heredia, de la Unidad de
Inteligencia de la Policía, la citó en un céntrico local de El Prado,
para exigir a Tejeda que como parte de los bomberos voluntarios
Antofagasta, dependiente de la institución policial, debía declarar
públicamente en contra de Huaycho para ponerla “en su real dimensión
como mujer peligrosa y no como víctima”, tal como se registró en el
expediente de declaraciones del caso.
Al haberse negado Tejeda, recibió el ultimátum del coronel: “¡joderse es ley!”.
Horas más tarde, el fiscal Harold Jarandilla y el abogado León, por separado, salían a los medios de comunicación para decir “encontramos a la amante”, a fin de sustentar el asesinato como un caso “pasional”.
CASO HOTEL LAS AMÉRICAS
Según fuentes cercanas a Tejeda, Fajardo actualmente vive en Estados
Unidos con protección gubernamental y no se descarta que fuera parte del
grupo que operó en el hotel Las Américas.
De ese modo Tejeda quedó marcada en la investigación y es ahí cuando
salen las amenazas de muerte en su contra por no haber aportado a
descalificar a la periodista asesinada.
“Tienes que irte, Romero (ministro de Gobierno) ha mandado a matarte,
quieren hacerte aparecer muerta para distraer lo que está apareciendo
sobre el hotel Las Américas y el caso Clavijo y van a hacer aparecer
como si fuera un ajuste de cuentas entre familias”, fue la versión de
dos personas, testigos protegidos por la CIDH, contada a Tejeda.
Clavijo fue parte de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis – UTARC,
el grupo de élite policial que realizó el operativo en el Hotel Las
Américas en Santa Cruz, para desbaratar a la célula irregular de Eduardo
Rózsa Flores el 16 de abril de 2009.
El operativo fue desarrollado sin orden fiscal, se apagaron las cámaras
de seguridad del inmueble y se dio muerte a tres miembros de esa
organización, incluyendo a Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Martin
Dwyer.
Pese a los informes forenses locales, otros estudios internacionales
afirman que el caso conlleva la figura de ejecución sumaria, un delito
de lesa humanidad que podría complicar a sus protagonistas en los
siguientes años.
Con el asesinato de Huaycho se conoció el nombre de Clavijo, quien
luego del crimen huyó en la movilidad de la joven comunicadora desde
Ciudad Satélite con rumbo desconocido.
El 25 de febrero, la movilidad fue encontrada en el río Samampaya, al
norte del departamento de La Paz y el 3 de marzo se hizo el
reconocimiento a un cadáver en descomposición en La Asunta. El
Ministerio de Gobierno afirmó que se trataba de Clavijo quien se había
suicidado colgándose de un arbusto.
LA BOMBERO Y LA PERIODISTA
Clavijo fue parte de la Unidad de Bomberos como instructor y es ahí
donde conoce a Tejeda, pero nunca hubo una relación de amistad y mucho
menos sentimental.
Tejeda también reveló que en junio de 2011 Huaycho la amenazó, llegando
al domicilio de su padre, Lorenzo Tejeda, incluso con alusiones
políticas hacia Gustavo Torrico, pues la periodista fue parte del grupo
de masistas denominado “Los Satucos”.
“Tío ya di con la casa de estos miserables, y les estoy advirtiendo que
dejen de joder o sino les irá mal”, serían las amenazas de Huaycho
contra el padre de Tejeda, quien fallecía poco después a causa de este
caso judicial.
Tras el asesinato de Huaycho y el supuesto suicidio de Clavijo, el
Gobierno central, presionado por la opinión pública, elaboró la Ley 348
contra todo tipo de violencia a la mujer y se implantó la figura penal
de feminicidio con 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
Para Tejeda, como bombero voluntaria, candidata del MNR y defensora del
21F, todo ataque en su contra desde el Gobierno, incluyendo las
recientes alusiones, se debe a ese triángulo entre el caso terrorismo,
Clavijo y el asesinato de Huaycho.