Por María Fernanda Egas
El 17 de mayo pasado, el secretario de la Organización de Estados
Americanos (OEA), Luis Almagro, desconcertó a los demócratas de la
región al respaldar personalmente desde Bolivia la cuarta candidatura
presidencial de Evo Morales. Hasta ahora, el desempeño del secretario
Almagro se había caracterizado por reorientar a la OEA como defensora de
los principios democráticos en la región, tras la deplorable actuación
de su predecesor, el chileno José Miguel Insulza, quien pasó a la
historia del continente como uno de los corresponsables de la actual
catástrofe humanitaria, política e institucional de Venezuela.
Ese día, el secretario Almagro, en Bolivia, argumentó: "Sería
absolutamente discriminatorio" que Evo Morales no pudiera presentarse a
las elecciones de octubre, mientras sellaban el acuerdo de observación
electoral de la OEA para los comicios del 20 de octubre próximo.
En
este espaldarazo público, el secretario Almagro obvió mencionar que Evo
Morales se encuentra en el poder desde el 2006. Que en el 2013, vía
fallo del Tribunal Constitucional, ya dribló la Constitución, que limitaba la reelección presidencial a dos períodos de cinco años y le permitió postularse para un tercer mandato.
Que en febrero del 2016 el pueblo boliviano vía referéndum le dijo "no"
a las pretensiones de Evo Morales de reelegirse para un cuarto mandato.
Y que el mismo año, el Tribunal Constitucional favoreció a la dictadura
en ciernes, eliminando los límites de la reelección en contra de la
voluntad popular.
También prefirió ignorar que Evo Morales articuló un detallado
mecanismo para reformar el proceso de selección de magistrados mediante
el cual logró que más de la mitad de los jueces elegidos sean ex
colaboradores de su gobierno, en clara falta de independencia judicial
denunciada por la Fundación para el Debido Proceso.
Preocupa que el secretario Almagro, quien estaría también aspirando a
la reelección de su cargo en la OEA, haya ido a Bolivia para ser testigo
del relanzamiento de la candidatura presidencial de Evo Morales, quien
ha expandido los sembríos de cocaína de 3 mil hectáreas, en 2003, a
cerca de 60 mil hectáreas, con el argumento del consumo ancestral,
cuando para ello se requieren apenas 6 mil hectáreas y los sembríos que
se han expandido corresponderían mayoritariamente a la hoja de coca
utilizada para producir cocaína.
Para nadie en los pasillos de Washington es desconocido que Evo Morales
expulsó a la DEA a finales del 2008 y que su "Zar Antidrogas", el
general retirado René Sanabria, se declaró culpable de narcotráfico en
Estados Unidos, donde guarda prisión desde el 2011 y cumple una pena de
14 años.
También se hizo público, en el 2018, el libro Hugo Chávez, o Espectro,
en el que el periodista Leonardo Coutinho expone a Evo Morales en la
red de narcotráfico del ALBA, basado en declaraciones del ex piloto
Marco Antonio Rocha, quien confesó haber realizado una docena de vuelos
en aviones del Estado boliviano hacia Venezuela y Cuba, en los que
transportaron cada vez cerca de 500 kilos de cocaína. Rocha mencionó que
los aviones llevaban pasajeros bolivianos, venezolanos e iraníes, y que
en el esquema estarían relacionados militares bolivianos, venezolanos y
cubanos.
Reveló luego que las caravanas de migrantes que partieron desde
Centroamérica hacia los Estados Unidos previo a las elecciones para el
Congreso y Senado americanos este 2019 habrían sido planificadas en
Bolivia, con financiamiento de Venezuela y con el objetivo de
desestabilizar la frontera sur norteamericana.
La
permanencia de Evo Morales en el poder no solo atenta contra la
seguridad regional, sino en principio contra su propio pueblo. Por
tanto, llama la atención la ausencia de un informe sobre los derechos
humanos en Bolivia, como ha realizado la OEA sobre Venezuela, Cuba y
Nicaragua, que considere e investigue los presos políticos y la
persecución de Evo Morales, como la reciente detención del menor Rafael
Chambi Julián, o la de los cuatro campesinos cocaleros de Yungas. Ya en
2013 había 774 exiliados bolivianos, según el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y hoy serían 1200 los
bolivianos huyendo de Evo Morales en Paraguay, Uruguay, Perú, España,
Argentina, Brasil y Estados Unidos, países que al otorgar el asilo han
admitido la inexistencia de garantías jurídicas en Bolivia.
Casos célebres de persecución y violencia política de Evo Morales, como
el caso Pinto o el caso Terrorismo no serán juzgados mientras Morales
continúe burlando la voluntad del pueblo, y la OEA avalándolo.
Es claro que Evo Morales, dirigente cocalero en jefe de Bolivia, no puede dejar el poder. Lo que es
incomprensible es por qué el secretario Almagro, quien para
pronunciarse sobre la reelección como derecho humano se apoyó en el
reporte de la Comisión de Venecia, se apresuró a retractarse sin mayor
trámite en mayo y no esperó a la 49 Asamblea de la OEA, en Medellín, en
julio. Hoy podemos decir que la OEA le ha dado la espalda a la mayoría de bolivianos que dijo "no".