El Informe sobre el estado de situación de la Justicia elaborado
por la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos
Humanos concluyó que no existe independencia en el Órgano Judicial de Bolivia, y advierte que el Gobierno asigna un 0,49 por ciento de presupuesto para todo el sistema judicial.
- La Plataforma aborda en el documento cinco temáticas:
- El estado actual de la administración de justicia.
- La administración de justicia penal, el acceso a la justicia de mujeres que sufren violencia.
- La situación de la independencia de justicia y la transparencia.
- Acceso a la información pública.
Uno de los temas fundamentales es si existe o no independencia judicial
en Bolivia, la directora de la Fundación Construir, Susana Saavedra,
dijo a ANF: "No. La independencia está plasmada en la norma, en el
informe hacemos un análisis de los estándares y se está incumpliendo, no existen garantías prácticas que faciliten esta independencia", sostuvo.
Precisó que, en la dimensión institucional, es decir, en teoría
se cumple la independencia judicial, porque está establecido en la
Constitución Política del Estado y en las normas; pero en la dimensión
personal existen temas medulares que no son atendidos.
Citó el tema presupuestario, porque el Gobierno
destina en el Presupuesto General de la Nacional (PGN) el 0,49 por
ciento de recursos económicos para todo el sistema judicial, es decir, "el Estado transita a una reforma fuerte, pero con ese presupuesto no se consolidarán las reformas", observó.
"No se puede hacer una transformación en el marco de la agenda de la
Cumbre (de Justicia) con un presupuesto de este nivel", afirmó Saavedra,
quien considera "preocupante" que no exista voluntad política para
impulsar las reformas en condiciones que den sostenibilidad al proceso.
Manifestó que según los estándares internacionales se trata de
uno de los Poderes del Estado más importantes, sin embargo, en Bolivia
no existe ni siquiera un mapa de acceso a la justicia respecto a las necesidades de la población en relación a criterios de género, brechas generacionales, entre otros.
Las instituciones que son parte de la Plataforma observan que "no existen las condiciones para una carrera judicial, hay una transitoriedad en el Órgano Judicial que se ha extendido por casi una década, solo el 20 por ciento de los jueces son institucionalizados; mientras que en el Ministerio Público no hay información, se estima que apenas el 10 por ciento de los fiscales son institucionalizados.
Otro dato, es que el Consejo de la Magistratura proyectó crear 278 nuevos juzgados en el país, pero solo logró instalar 52 juzgados,
para atender la amplia carga procesal. Actualmente, existen 1.105
jueces en la jurisdicción ordinaria, las causas penales están
distribuidas en 291 juzgados en las ciudades capitales y provincias.
El 68,13 por ciento de la población carcelaria se encuentra con detención preventiva,
de esta manera el país ocupa el cuarto lugar en relación a los países
miembros de la Organización de Estados Americanos, después de Paraguay,
Haití y Uruguay. En los últimos años se estima que en promedio siete de
10 personas privadas de libertad en cárceles no tiene sentencia
condenatoria. El Ministerio Público pide prisión preventiva en el 69
por ciento de las audiencias cautelares.
Saavedra, también se refirió a los 25 años que el país camina en un
proceso de reformas judiciales, las que no se consolidan porque son
pruebas y ensayos permanentes.