Cifras cercanas a los $us 16 mil millones por concepto de
aporte para jubilación de los trabajadores en Bolivia pasarán, a partir
de marzo de 2019, a ser administradas por el Gobierno; para ello, la
administración central ha creado una institución denominada Gestora
Pública, la cual se encargará de rentabilizar los recursos provenientes
de las dos actuales Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP): BBV
Previsión y Futuro Bolivia.
A manera de preámbulo, el antiguo
sistema de pensiones se sustentaba en los depósitos que realizaban los
aportantes activos en beneficio de los jubilados; el monto de los
últimos salarios tenía mucha validez porque era la base para el valor de
jubilación. Cada gremio elegía a sus dirigentes para que administraran
dichos recursos, pero hubo casos de malversación de fondos y corrupción
que terminaron quebrando el sistema. Al Estado, a través del Tesoro
General de la Nación, no le quedó otra que intervenir con los costos que
representan contribuir para las jubilaciones; en síntesis, el sistema
no era rentable y para el Estado representaba mayores erogaciones de los
escasos recursos con que contaba.
En la búsqueda de soluciones,
en 1996 el Gobierno boliviano elaboró la nueva Ley de Pensiones, la cual
se basa en el aporte individual de cada trabajador. En sus inicios, el
número de aportantes llegaba a alrededor de 329.000, hoy en día supera
los dos millones de prestatarios y los aportes, con sus respectivas
capitalizaciones, superan los $us 16 mil millones. Sin embargo, la
rentabilidad, que al principio generaba un 13,7%, hoy en día bordea el
2%. Expertos y analistas coinciden en que el origen de la caída se debe a
la creación, en 2010, de la Gestora Pública, entidad que reemplazará a
las dos AFP; las futuras jubilaciones dependen de la rentabilidad de los
depósitos. De seguir esta tendencia, un aportante recibiría
mensualmente el 17% de su sueldo actual.
Tomando en cuenta lo que
pasó anteriormente, existe mucha susceptibilidad de parte de los
aportantes y si a esto se suma el DS 25722, que prácticamente obliga a
las AFP a invertir en títulos emitidos por el Gobierno, la deuda interna
seguirá incrementándose; hasta la fecha bordea los $us 5.000 millones.
En pocas palabras, el Estado se convertirá pronto en juez y parte,
porque él solo administrará los recursos de todos los trabajadores y la
deuda que tiene el Estado con las AFP.