En su última hazaña despótica, y tras perder un referéndum, el presidente de Bolivia ha recurrido al aparato judicial bajo su control para imponerla reelección indefinida
El historiador boliviano Alcides Arguedas relata que, tras
hacerse redactar una Constitución a medida en 1868, y mientras sus
diputados elogiaban sus virtudes de estadista, el presidente Mariano Melgarejo
interrumpió la tertulia palaciega y dijo: “Sepan todos los honorables
señores diputados que la Constitución de 1861, que era muy buena, me la
metí en este bolsillo (señalando el bolsillo izquierdo de su pantalón); y
la de 1868, que es mejor, según estos doctores, ya me la he metido en
este otro (señalando el bolsillo derecho); y que nadie gobierna en
Bolivia más que yo”.
El
pasado 29 de noviembre, a solicitud de los diputados del presidente Evo
Morales, el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró que la Constitución redactada en 2009
por los mismos asambleístas de Morales era inconstitucional en la parte
que decía que Morales podría ser reelecto una sola vez. Según estos
doctores, la Constitución de Morales viola los derechos humanos del
propio presidente Morales, así que la parte pertinente queda derogada y Morales puede ahora ser reelecto indefinidamente. (Se trata de una interpretación de realismo mágico idéntica a la utilizada por Daniel Ortega en 2010 para habilitar su reelección indefinida en Nicaragua.)
Ese mismo tribunal, creado por partidarios de Morales para
abolir el Tribunal Constitucional de la extinta “República de Bolivia”,
ya había interpretado en 2013 que la disposición de la misma
Constitución de Morales que decía que el periodo de 2005 a 2009 sí
contaba como el primer periodo de Gobierno de Morales (lo cual
significaba que Morales no podía ser candidato en 2014), no impedía su
re-reelección porque el primer periodo de Morales en realidad no era su
primer periodo.
Según estos doctores, entre 2005 y 2009 había sido
presidente de la “República de Bolivia”, y no fue sino hasta enero de
2010 en que Morales comenzó su mandato como presidente del “Estado
Plurinacional de Bolivia”, por lo que sus primeros cinco años no estaban
contemplados en la prohibición de reelección. (Se trata de una argucia
idéntica a la utilizada por Alberto Fujimori en 1993 para facilitar su tercera reelección en Perú.)
Lo que hace que la hazaña despótica de Morales
sea mayor a la de Ortega y Fujimori es que, en febrero de 2016, el
también dirigente cocalero había convocado un referéndum para que la
gente decidiera si podía optar de nuevo a la presidencia en 2019, en
contra de la Constitución. De haber ganado el sí, Morales hubiera podido
alegar, como hacía Hugo Chávez, que el “pueblo”, en su infinita
sabiduría, le había pedido volver a postularse, y que nada ni nadie, ni
la Constitución ni los opositores, estaban por encima de la decisión del
pueblo. Resulta que, contra todo pronóstico, Morales perdió el
referéndum. Así que recurrió a su Tribunal Constitucional y exigió el
fallo descarado de noviembre, que cumple el mismo propósito.
Nada de lo que sorprenderse. Morales ya se ha hecho
reelegir ilegalmente dos veces debido a que ese tribunal supremo que él
controla desde que tomó el poder, en 2005, tiene por misión principal
validar sus atropellos, incluido su afán reeleccionista.
A pesar de los casi 20 años de normalidad democrática entre
1985 y hasta 2003 (año en que Evo Morales y Felipe Quispe, este último
armado de fusiles, derrocaron al presidente Sánchez de Lozada
y pusieron en jaque a la democracia), la historia constitucional de
Bolivia no ha sido ejemplar. Antes de Morales, Bolivia ya peleaba por el
título de campeón mundial en golpes de Estado, y las reformas a la
Constitución de la República de Bolivia sumaban ya 18, de las cuales al
menos 15 habían incluido la ritual elaboración de una “nueva
Constitución” a cargo de una Asamblea o Congreso Constituyente cuya
finalidad era validar al régimen ilegítimo, “refundar” la patria y, así,
atornillar al Gobierno de turno en el poder.
Por eso no se puede decir que Morales sea el
presidente más déspota de Bolivia en 200 años de historia. En el largo
desfile de demócratas y dictadores desde que la espada de Simón Bolívar
le propició el nacimiento y el nombre (1825), y desde que su pluma
escribió la primera Constitución (1826), la competencia por el poder en
Bolivia ha visto entre sus participantes a lealistas (leales al Rey de
España) y patriotas, a conservadores y liberales, a socialistas y
falangistas, y al ocasional militar sin ideología que, como gran parte
de los civiles, no tenía mayor pretensión burocrática que enriquecerse a
costa de la política.
Dentro de este historial sobresaliente en sentido
contrario, debe reconocerse que el régimen de Evo Morales, que acaba de
otorgar la mayor condecoración del país al dictador ecuatoguineano
Teodoro Obiang y que no pierde oportunidad para alabar a las dictaduras
de Cuba y Venezuela, ha sido más bien tímido en sus cercenamientos a las
libertades económicas, incluido el derecho a la propiedad privada, y
que ha enfocado sus cañones a limitar principalmente las libertades
políticas de los bolivianos.
Cercena las libertades políticas, no tanto las
económicas, y en esto es similar a los regímenes militares del siglo
XIX, como el de Melgarejo
Y es que no cabe duda que una dictadura sin libertades
económicas mínimas (con hiperinflación, con controles de divisas y de
precios en los productos de la cesta básica), como son las de Cuba y
Venezuela, son peores que una dictadura con un sistema capitalista de
compinches, como el que tienen Morales y Ortega. Y como el que tienen la
Rusia de Putin o la China de Xi Jinping, junto a cuyos regímenes el
Gobierno de Morales vota unívocamente en el Consejo de Seguridad de la
ONU para bloquear cualquier sanción a Siria y a Corea del Norte. El
autoritarismo de Morales ha estado circunscrito a los abusos en materia
de libertad política, y esto es lo que lo hace similar a los regímenes
militares del siglo XIX, como el de Mariano Melgarejo.
Aquí debo matizar que la Bolivia de Morales no es una
dictadura como la de Melgarejo, donde no había lugar para elecciones, ni
oposición, ni medios de comunicación independientes. El de Morales es
más bien un “régimen autoritario-competitivo”, como los que gobiernan en
Nicaragua, Malasia, Togo o Angola. Esta es una definición tomada de los
profesores Steven Levitsky y Lucan Way, de las universidades de Harvard
y Toronto, respectivamente, que atribuyen el carácter “competitivo” de
estos regímenes al hecho de que, a diferencia de las dictaduras puras y
duras, o “autoritarismos completos”, en estos la oposición política
auténtica aún tiene la capacidad de competir por el poder, aunque lo
hace en condiciones de abierta desigualdad y en elecciones que siguen
siendo periódicas, pero que no libres, ni justas.
No son justas porque el campo de juego está inclinado para
un lado, los únicos periodistas autorizados para relatar el juego son
escogidos por el régimen y los árbitros han sido juramentados, puños
revolucionarios en alto, por el partido oficialista. No son libres
porque ningún individuo racional puede sentirse libre de votar en contra
del Gobierno cuando éste amenaza con confiscar propiedades a las
personas que entren en política del lado opositor, cuando condiciona las
obras públicas a la sumisión al régimen, y cuando lleva ya 10 años
predicando a los niños en las escuelas que “si no apoyan a Morales,
regresarán los gringos, regresarán los vendepatrias, regresarán los
asesinos, y a las wawas (a los niños) le van a quitar todo; y va a haber
llanto, y el sol se va a esconder y la luna se va a escapar y todo va a
ser tristeza para nosotros”. Bolivia aún no es una dictadura porque,
contra todas las trampas autoritarias del régimen de Morales, la
oposición democrática podrá competir por el poder en 2019, y, salvo que
Morales lleve a su régimen a los niveles dictatoriales de Venezuela, una
unión de políticos opositores demócratas (los que no están presos ni en
el exilio), tendrá la oportunidad de ganar, aunque sea con un gol en
tiempo de descuento, como se hizo en el referéndum de 2016. Hasta que
presenciemos aquel desenlace, nadie gobierna en Bolivia más que un
Melgarejo llamado Evo Morales.
Javier El-Hage es director jurídico de
Human Rights Foundation, una organización internacional con sede en
Nueva York, y ‘senior fellow’ del Raoul Wallenberg Centre for Human
Rights.
Twitter: @JavierElHage
Fuente: https://elpais.com/internacional/2017/12/13/actualidad/1513186714_047080.html