La misiva explica que si bien el informe fue realizado por dos investigadores que trabajan en un laboratorio de investigación electoral del MIT,
este trabajo lo hicieron por fuera de su trabajo habitual, contratados
especialmente por el Centro de Investigación Ecómica y Política (CEPR, según su sigla en inglés), un think tank con sede en Washington que mantiene un vínculo estrecho con el régimen chavista.
El estudio estadístico de John Curiel y Jack Williams publicado el jueves en el blog The Monkey cage de la web del diario The Washington Post,
fue reivindicado por Evo Morales y sus simpartizantes como una supuesta
demostración de que no habría habido fraude en las elecciones de
octubre pasado, como lo había establecido el contundente informe
electoral de la misión electoral de la OEA, con el respaldo de la Unión
Europea. Aquel dictamen motivó grandes protestas en las calles de Bolivia que terminaron con la renuncia de Morales a la presidencia.
“Con la libertad académica como principio, los investigadores son libres de publicar y expresar sus opiniones a título personal”, sostiene la carta. Además, afirma que eso no necesariamente refleja la posición del MIT, por lo que piden que sea atribuido al CEPR.
Curiel y Williams explicaron sus hallazgos en un artículo titulado “Bolivia rechazó sus elecciones de octubre por fraudulentas. Nuestra investigación no encontró razón para sospechar fraude”.
“Como especialistas en integridad electoral, encontramos que la evidencia estadística no respalda el reclamo de fraude en las elecciones de octubre en Bolivia”, dijeron.
Pero al días siguiente, la OEA emitió un duro comunicado en el que
ratificó el exhaustivo dictamen de su auditoría electoral en el que
halló graves manipulaciones del proceso electoral boliviano. El jefe de
gabinete de la Secretaría General de la OEA, Gonzalo Koncke, dijo que el artículo de Curiel y Williams “contiene múltiples falsedades, inexactitudes y omisiones” y subrayó que los resultados de la misión del organismo “demuestran inequívocamente que hubo ‘manipulación intencional’ de las elecciones”.
Recordó que la auditoría detectó, entre las irregularidades más graves, “cambios en las hojas de recuento y la falsificación de las firmas de los funcionarios electorales” y que “en el procesamiento de los resultados, el
flujo de datos se redirigía a dos servidores ocultos y sin autorización
y no controlados por el personal del Tribunal Supremo Electoral”
“La OEA continúa respaldando su trabajo y continuará alertando sobre
todos y cada uno de los esfuerzos, como éste, por manipular la opinión
pública”, aseguró.
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