Uno
de los denunciantes, Gualberto Cusi, era uno de los magistrados
elegidos en las elecciones judiciales de 2011. El mismo, junto a sus
colegas Rosario Chanez y Ligia Velásquez, se opusieron a la pretensión
de Evo Morales, quien -con el argumento de que era "su derecho humano"-
pedía ser habilitado para ser
candidato de forma indefinida.
Sin
embargo, Cusi, Chanez y Velásquez fueron apartados de sus cargos y
sometidos a un juicio de responsabilidades supuestamente por haber
afectado con una resolución la aplicación de la Ley del Notariado.
Por otro lado, al término de su mandato, en 2018, los seis exmagistrados que avalaron la
reelección del expresidente Morales
fueron designados en importantes cargos del gobierno, que para la
oposición confirmó su subordinación al partido Movimiento Al Socialismo
(MAS) de Morales.
La resolución que dio vía libre a la reelección
de las autoridades en las elecciones del 20 de octubre de 2019 fue
emitida en noviembre de 2017, pese a que en el referendo constitucional
del 21 de febrero de 2016 la población rechazó la
reelección de Evo Morales.
Evo Morales
dimitió como presidente el pasado 10 de noviembre, después de que la
Organización de Estados Americanos (OEA) detectara "irregularidades" en
las elecciones presidenciales del 20 de octubre y en medio de protestas
populares y la falta de apoyo de Policía y Ejército. Morales asegura que
fue víctima de un golpe de Estado, por lo que está refugiado en
Argentina, aunque antes recaló en México y brevemente en Cuba.
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