Ian Vásquez indica que quizás la
dictadura de Evo Morales no genera tanto rechazo afuera de Bolivia
porque ha mantenido la economía relativamente estable, pero aún así, el
modelo es insostenible.
La semana pasada el presidente de Bolivia logró un nuevo récord. Evo Morales,
quien ha encabezado el Gobierno por más de 12 años y medio, se
convirtió en el líder con más tiempo en el poder en la historia de su
país. Ha sido elegido tres veces, pero en el camino se ha convertido en
un dictador y amenaza con quedarse en el poder indefinidamente.
El proyecto político de Morales ha seguido la ya bien conocida receta populista: llegar al poder democráticamente, cambiar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente
y concentrar cada vez más control sobre la sociedad a nombre del
pueblo. Sin embargo, la legitimidad de este proyecto siempre ha estado
en duda en Bolivia, ya que desde un principio se ha vulnerado el debido
proceso.
Luego de asumir la presidencia en el 2006, Morales convocó
a una Asamblea Constituyente. Pero el proceso que produjo la nueva
Constitución fue ilegal. La Constitución entonces vigente requería de
dos tercios de apoyo en la Constituyente para que se aprobara una Carta
Magna nueva, algo que Morales no iba poder lograr. Sus
partidarios en la Constituyente, que constituían una mayoría simple,
resolvieron ese problema de una forma tan sencilla como ilegítima:
pasaron una regla que requería una mayoría simple para aprobar la nueva
Constitución.
La reacción en contra fue predecible. Protestas y manifestaciones se produjeron en los departamentos de Bolivia que
se oponían a Morales. La oposición boicoteó la asamblea. De todas
maneras, con un número reducido de miembros de la Constituyente, y
recluido en un cuartel, los partidarios de Morales votaron por la nueva Constitución que sería sometida a un referéndum. Esto lo logró Morales a
base de su entonces alta popularidad. Pero creó un problema político
serio que luego fue superado cuando la oposición logró la garantía
constitucional de que el presidente no se podría reelegir más de una
vez.
La nueva Constitución fue aprobada en el 2009 y Morales fue reelegido el mismo año. El nuevo ordenamiento redujo la independencia de las cortes. No demoró mucho para que la Corte Constitucional respondiera al presidente. Por eso, falló que Morales podía
ser candidato otra vez en el 2014, bajo la dudosa explicación de que su
primera elección bajo la vieja Carta Magna no contaba. Fue así como fue
reelecto y es hoy presidente. Dado que Morales ha
querido seguir en el poder y que la Constitución de ninguna manera
permite otra reelección, el presidente convocó un referéndum al respecto
en el 2016. El pueblo lo rechazó. No importó. El sumiso Tribunal Constitucional falló que la misma Constitución de Morales viola sus derechos de ser reelegido y lo ha facultado para presentarse de nuevo.
Cuando las cortes están bajo el control del Ejecutivo, así como las
otras ramas del Estado, como es el caso de Bolivia, existe una
dictadura. Son consecuentes las denuncias de Human Rights Watch de que Morales ha “generado un clima hostil para los defensores de derechos humanos” o de la Human Rights Foundation sobre la “erosión gradual, sostenida y sistemática de principios democráticos y derechos consagrados en la Carta Democrática Americana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Por su parte, el Interamerican Institute for Democracy denuncia
los presos y exiliados políticos, la “represión política judicializada,
control de prensa, oposición domesticada, enriquecimiento ilícito, [y] narcotráfico”.
Quizá la dictadura de Morales no genera mayor rechazo a nivel internacional porque en lo macroeconómico su populismo ha sido relativamente prudente. Pero aun así, después de años de crecimiento económico, superávits fiscales, baja inflación y reducción de la deuda pública, el modelo es insostenible. La inversión privada extranjera es muy baja y el régimen ha vuelto a generar déficits fiscales importantes. Como actualmente ocurre en Nicaragua, la falta de libertades civiles y políticas terminará afectando la estabilidad política, económica y social del país.