BUENOS
AIRES — Casi doce años después de haber asumido el cargo de presidente
de Bolivia, Evo Morales parece estar decidido a aferrarse al poder.
En
2016, convocó un referendo para eliminar una incómoda disposición de la
Constitución boliviana que autoriza únicamente una reelección
presidencial. Ello le habría permitido buscar un cuarto mandato y
postularse de forma indefinida. Como sus planes fracasaron cuando la
reforma fue rechazada por el 51 por ciento de los ciudadanos, Morales
tuvo que idear una nueva fórmula: en septiembre, sus partidarios en la Asamblea Legislativa
presentaron una demanda ante el Tribunal Constitucional para pedirle
que elimine el molesto límite a la reelección consagrado en la
Constitución de Bolivia.
Ya
en 2013 Morales había acudido al mismo tribunal para eludir el límite a
las reelecciones y buscar un nuevo mandato. En esa ocasión, el tribunal generosamente concluyó
que el primer mandato de Morales (2006-2010) no contaba, porque se dio
antes de que la Constitución de 2009 entrara en vigor y autorizó la
reelección.
En
su nueva maniobra, los partidarios de Morales alegan que el límite a la
reelección discrimina al actual presidente y viola su derecho humano a
participar en política. Para ello, citan una disposición de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece
que los derechos políticos pueden limitarse “exclusivamente” según una
lista acotada de hipótesis, entre las que no figuran los límites a las
reelecciones.
Esta
interpretación es francamente un disparate. La disposición de la
convención fue concebida para impedir que gobiernos autoritarios se
aferren al poder proscribiendo caprichosamente a candidatos opositores y
no para bloquear los límites constitucionales a las reelecciones que
precisamente buscan evitar el surgimiento de caudillos.
Ciertamente,
muchos políticos latinoamericanos han evadido los límites a las
reelecciones presidenciales y, de paso, con frecuencia han socavado el
Estado de derecho. Algunos, como Carlos Menem en Argentina y Álvaro Uribe en Colombia,
reformaron la constitución y consiguieron nuevos mandatos, pero no
lograron perpetuarse en el cargo. Otros, como Hugo Chávez en Venezuela,
simplemente eliminaron los límites a las reelecciones. Son pocos los
presidentes, como Lenín Moreno en Ecuador, que han buscado restablecer los límites para esas reelecciones.
Lo inusual de la estrategia de Morales, no obstante, es el descaro de recurrir a los derechos humanos para retener el poder.
Sin embargo, la descabellada estrategia de Morales no es inédita. En 2009, Daniel Ortega interpuso con éxito una demanda similar
ante la Corte Suprema nicaragüense para eliminar los límites al número
de mandatos presidenciales previstos en la Constitución. Ortega presidió
Nicaragua a lo largo de los años ochenta y ya ha logrado dos reelecciones
desde que recuperó el cargo en 2007. Con su actual mandato, que
terminará en el 2022, logrará acumular veinticuatro años en el poder.
Además
de descabellado, el nuevo intento de Evo Morales por mantenerse en el
poder invocando normas de derechos humanos es hipócrita. El gobierno de
Morales siempre ha sostenido con vehemencia que la soberanía está por
encima de cualquier principio internacional de derechos humanos. En
2012, por ejemplo, Morales dijo que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos era un “instrumento de dominación”
y que estaba considerando abandonarla. Más recientemente, cuando el
secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
Luis Almagro, criticó por Twitter la operación de Morales para
entronizarse en el poder, el ministro de Justicia de Bolivia, Héctor
Arce, lo acusó de “cometer atropellos contra la soberanía de Bolivia”.
Arce también prometió a los Estados de la OEA
que el Tribunal Constitucional de Bolivia decidiría la demanda sobre la
reelección indefinida con “absoluta independencia y libertad”. Sin
embargo, hay serios motivos para desconfiar de ello. Los actuales
magistrados del Tribunal Constitucional fueron elegidos en 2011 en un
proceso controlado por congresistas del oficialismo.
Morales
parece menospreciar la independencia judicial que su ministro de
Justicia ha prometido a la OEA. Un día después de que sus legisladores
presentaron la demanda ante el Tribunal Constitucional, manifestó en una entrevista
que “la llamada independencia de poderes está al servicio del imperio
norteamericano (sic)” y es una “doctrina norteamericana (sic)”. Los
límites constitucionales son los pilares fundamentales de cualquier
sociedad democrática y el presupuesto elemental para el respeto de los
derechos humanos.
Luego de años de silencio, en 2017, los líderes democráticos de la región condenaron
con firmeza los graves abusos de la dictadura de Nicolás Maduro en
Venezuela. Sin embargo, la defensa del Estado de derecho podría ser
mucho más eficaz si los gobiernos reaccionaran de inmediato cuando los
políticos desmantelan las normas establecidas para impedir que surjan
autócratas, incluidas las medidas de límites a las reelecciones
presidenciales.
Es
prácticamente seguro que las actuales instancias judiciales de Bolivia
no lograrán frenar la operación política de Morales para mantenerse en
su cargo. Y, salvo que pierda las elecciones, Morales probablemente
gobernará, al menos, hasta el 2026, sumando veinte años en la
presidencia. Pero los gobiernos democráticos de la región deben
reprochar su maniobra enérgicamente, al menos para restarle legitimidad a
su futura presidencia y dejar en claro que no convalidarán las trampas
de los políticos que quieran aferrarse al poder.